La propuesta planteada por el Ministerio de Vivienda de reformar
la legislación para poder construir pisos protegidos de 25 ó 30 metros cuadrados ha
recibido un aluvión de críticas desde el ámbito político y social, por no ofrecer una
verdadera solución al problema actual de la vivienda.
Sin embargo, desde el Gobierno y el PSOE se ha defendido la
iniciativa de modo que la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, explicó que se
trata sólo de una línea de trabajo que puede responder a la demanda de determinados
colectivos durante una etapa concreta de la vida. Además, en respuesta a si esas
dimensiones responden al derecho constitucional de tener acceso a una vivienda digna, la
ministra aseguró que "la dignidad -de las personas- no se mide en metros
cuadrados".
De igual manera, la secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada
Rodríguez-Piñero, apuntó que la propuesta está pensada sobre todo para el régimen de
alquiler y que "se está analizando" como "una más" de las diferentes
opciones que se barajan para jóvenes, miembros de parejas separadas o ancianos.
Jordi Sevilla, su primer piso era de 25 metros
Por su parte, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi
Sevilla, defendió la idea y recordó que su primer piso era de veinticinco metros:
"lo alquilé durante dos años y, cuando pude, me cambié".
En Madrid, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, destacó que la
idea puede resolver "un problema que en esta ciudad es muy acuciante" y opinó
que, "sin ser la ideal", podría ser la solución para algunos jóvenes o
mayores con dificultades.
El PP pide una comparencencia urgente de Trujillo
En cambio, el PP ha decidido solicitar la comparecencia urgente en
el Congreso de la ministra para que explique la iniciativa, calificada de "auténtica
barbaridad" por su portavoz de Vivienda, Pablo Matos, quien aseguró que Trujillo
pretende volver a construir viviendas protegidas "como en la posguerra".
Reconoció que la construcción de viviendas de 25 ó 30 metros cuadrados puede ser una
solución parcial para estudiantes o para el centro de algunas ciudades, pero descartó
que pueda plantearse como solución a los problemas de acceso a la vivienda.
CiU lo considera un parche puntual
El diputado de Convergencia i Unió (CiU) Jordi Jané calificó la
iniciativa "parche puntual para una situación particular" y apuntó que
"no permite que las personas lleven a cabo su propio proyecto vital". En su
opinión, es una "frivolidad" anunciar la promoción de "habitáculos"
como una alternativa, cuando, en realidad, no van a abaratar el mercado, sino que, al
contrario, fomentarán la especulación del metro cuadrado y encarecerán las viviendas
pequeñas.
ICV también cree que la propuesta generaría "guetos" y recuerda que está
basada en el modelo de los países nórdicos, donde "estas viviendas son de
transición y están destinadas al alquiler".
La Generalitat se desmarca
Desde la Generalitat de Cataluña, la directora general de Vivienda,
Carme Trilla, se desmarcó de la iniciativa, al apuntar que "nosotros no estamos en
esta línea".
En el ámbito de las organizaciones de consumidores, familiares y juveniles, la medida se
ha acogido también con cierto recelo y con la petición de que las
"miniviviendas" que se construyan sean para alquiler, a precios asequibles y de
claro carácter transitorio.
Así, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cree que la propuesta es "un
parche, no una solución a largo plazo", puesto que habría de que "incidir en
el precio del metro cuadrado y no en el número de metros".
La presidenta de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios (CEACCU), Isabel Avila, declaró que la propuesta responde a una
demanda concreta y para un periodo temporal, pero "tiene que respetarse el espacio
mínimo vital".
Los consumidores dicen que sólo es válido para jóvenes
La Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU)
calificó esta iniciativa de "mínima para la calidad de la vivienda", aunque
apoyó la construcción de viviendas de pocos metros si están destinadas al alquiler para
jóvenes, personas mayores o parejas sin hijos.
Para el Instituto de Política Familiar, con esta propuesta el Gobierno "impedirá a
las familias tener una vivienda digna y provocará la disminución de la natalidad en
España".
"Tienen que tener un precio asequible"
La presidenta del Consejo de la Juventud de España, Lucía Sala,
dijo que este tipo de viviendas protegidas deben ser en régimen de alquiler a un precio
muy asequible para "facilitar el acceso a la primera vivienda de los jóvenes".
Sala añadió que "este tipo de vivienda ha funcionado en otros países
europeos", y explicó que en Alicante hay edificios con viviendas de pocos metros
donde personas jóvenes y mayores cohabitan y cuentan con espacios comunes como salones o
lavandería que "las hacen más habitables".
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